El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 19 un Real Decreto para el desarrollo parcial de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, que contempla el método para evaluar los escenarios de riesgo ambiental, el establecimiento de la cantidad monetaria de garantía obligatoria y la reparación del daño entre las empresas a partir de 2010.
Según contempla el texto, la garantía financiera obligatoria será fijada por la autoridad competente, partiendo de la propuesta presentada por el operador sobre su análisis de riesgos medioambientales ambientales de su instalación, verificado por una entidad acreditada. El Gobierno precisa que la repercusión económica de la aprobación del Reglamento es nula para las administraciones públicas y, en relación con los operadores, no tiene impacto económico inmediato.
