Medioambiental

El Gobierno propone crear un sello de "empresa socialmente responsable" como una de las medidas incluidas en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que dedica un capitulo a la responsabilidad social, además de un artículo a la gestión sostenible de las empresas públicas. Según el texto difundido por el Ministerio de Economía y Hacienda, el Gobierno promoverá la responsabilidad social en las empresas, especialmente en las pymes, poniendo a su disposición "un conjunto de características e indicadores para su autoevaluación" de acuerdo con los estándares internacionales.

En la elaboración de estos indicadores el Ejecutivo lo hará "de acuerdo con las recomendaciones que, en este sentido, realice el Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresarial (CERSE)". De esta forma, las empresas que cumplan un nivel mínimo en los anteriores indicadores podrán ser acreditadas como empresas socialmente responsables por parte del Observatorio que debe poner en marcha el mencionado Consejo. Este anteproyecto de ley no se preocupa sólo de la empresa privada, sino que también trata de promover la gestión sostenible de las empresas públicas, que deberán adaptarse a esta norma en el plazo de un año después de su entrada en vigor.

WWF ha presentado el estudio “Deeper Luxury”, que reflexiona sobre la viabilidad de conseguir un lujo sostenible y que analiza la responsabilidad de las principales marcas en el ámbito económico, social y ambiental.

Según señala el informe el grado más alto al que llegó alguna de las empresas de lujo es C+, al que llegaron 3 de las 4 compañías ubicadas en Francia: L’Oreal, Hermes y Louis Viuton. Las compañías ubicadas en Italia se quedaron al final de la tabla clasificatoria (con grado F). Las diez primeras compañías de lujo son las que mostraron los peores desarrollos en reputación, buen gobierno, RSC y medioambiente.

España es el único país de la UE que cultiva transgénicos a gran escala. Y en los últimos meses se ha convertido además en un férreo defensor de su introducción en el resto de la UE, llegando incluso a posicionarse en contra de países que, como Francia, han optado por prohibir su cultivo.

Amigos de la Tierra.- El Gobierno hace recaer la responsabilidad de sus decisiones en esta materia en la Comisión Nacional de Bioseguridad, un cuerpo supuestamente científico. Cuando se analiza su composición, se ve que hay solo 7 representantes científicos (de un total de 46 miembros), muchos de ellos públicamente defensores de los transgénicos y con relaciones demasiado cercanas con la industria de los transgénicos, sus fundaciones y lobbies como para que los consumidores podamos estar tranquilos. Entre los representantes de la Administración en esta Comisión, algunos también mantienen una relación demasiado estrecha con la industria.

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación del Observatorio de Salud y Medio Ambiente, que gestionarán los ministerios de Sanidad y Política Social y de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) y contará con la participación de expertos científicos y técnicos.

Entre sus objetivos, estarán el análisis, diagnóstico, evaluación y seguimiento de los efectos del cambio climático en la salud pública y en el Sistema Nacional de Salud, así como la evaluación y comunicación de los efectos positivos en la salud de las políticas de mitigación del cambio climático.

El Boston College Center para la Ciudadanía Corporativa ha presentado una guía sobre inversión socialmente responsable (ISR) referida al cambio climático. Se trata de un proyecto del Instituto de Inversión Responsable del citado centro, que a través de esta nueva obra quiere contribuir a la conservación del planeta.

El manual propone una serie de recomendaciones para que los peligros y las oportunidades relacionadas con el cambio climático se tengan en cuenta a la hora de decidir dónde, cómo y cuánto invertir.

El proyecto EcoinnovaRSE está cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo 2007-2013, a través del Programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad y la Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA).

Objetivos del proyecto
Impulsar la “competitividad sostenible” en las empresas de Navarra.

Duración del proyecto
18 meses (de octubre 2008 a marzo 2010)

El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 19 un Real Decreto para el desarrollo parcial de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, que contempla el método para evaluar los escenarios de riesgo ambiental, el establecimiento de la cantidad monetaria de garantía obligatoria y la reparación del daño entre las empresas a partir de 2010.

Según contempla el texto, la garantía financiera obligatoria será fijada por la autoridad competente, partiendo de la propuesta presentada por el operador sobre su análisis de riesgos medioambientales ambientales de su instalación, verificado por una entidad acreditada. El Gobierno precisa que la repercusión económica de la aprobación del Reglamento es nula para las administraciones públicas y, en relación con los operadores, no tiene impacto económico inmediato.