Crisis económica

Los presidentes y altos directivos de más de 50 empresas multinacionales se reunirán el 11 y 12 de mayo en Londres con motivo de la VIII Cumbre de Negocios Responsables para tratar cómo la crisis económica va a afectar a la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE).

El encuentro, que tiene la vocación de agrupar a los "líderes en RSC", pretende servir para compartir las mejores prácticas que se están aplicando en responsabilidad social y buscar estrategias en común para afrontar los retos de la RSC para los próximos años, según afirman los organizadores en la convocatoria.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha señalado la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como un instrumento eficaz para corregir prácticas que han sido causa de la grave crisis actual.

SUSANA BRUNEL. El Consejo de Ministros recibió el viernes un informe del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre la actuación del Gobierno en el fomento de la responsabilidad social de las empresas en España. Según defendió De la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno español está llevando a cabo distintas actuaciones que fomentan la responsabilidad social.

"Hay que seguir avanzado pero creemos que estamos en el camino adecuado y vamos a seguir impulsando este modelo de empresa socialmente responsable", recalcó la vicepresidenta. Entre las distintas medidas empredidas, De la Vega se refirió a la puesta en marcha del Consejo de Responsabilidad Social de las empresas.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, advirtió hoy de que "aprovechar la coyuntura económica para recortar plantillas y aumentar beneficios" no es un comportamiento "socialmente responsable" por parte de las empresas, y señaló que los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), siendo "un buen instrumento, tienen que ser una excepción, no la regla".

En una entrevista a la revista 'Ser Responsable' recogida por Europa Press, el titular de Trabajo indicó, no obstante, que en España existen muchos mecanismos para controlar la legalidad de este instrumento de regulación "extremo", y, en este sentido, recordó que el 90% de los ERE se acuerdan entre la empresa y los sindicatos.