Gobierno Corporativo: La próxima gran batalla de la RSE

Se ha publicado recientemente un trabajo del profesor César Arjona (La RSE en el Gobierno Corporativo de las sociedades del Ibex 35, ESADE), del que ya ha dado cuenta en este mismo diario Josep María Lozano (La RSE en el gobierno corporativo) y que, ciertamente, merece la pena consultar. José Angel Moreno Izquierdo

Aún con una finalidad muy restringida (valorar la transparencia informativa sobre la integración de la RSE en el gobierno corporativo en base a los informes de RSE realizados de acuerdo con el estándar de GRI), el estudio revela datos que, aunque previsibles, no dejan de ser relevantes.

Ante todo, y es la cuestión que me interesa destacar, refleja nítidamente la muy débil incorporación de la RSE en los consejos de administración en la gran mayoría de las compañías del Ibex. Muchos informes señalan lo contrario, pero, a poco que se escarbe, (como hace el profesor Arjona), se aprecia la escasa consistencia de la presunta integración: muchas veces, no más que una genérica responsabilidad del Consejo, sin funciones ni órganos ni procedimientos especificados al efecto.

Algo que conduce a dos consideraciones de incuestionable interés (y absolutamente procedentes, en opinión de quien esto escribe).

De un lado, la necesidad de que se controle con más rigor desde los poderes públicos la veracidad (en la letra y en el espíritu) de lo que en los informes de RSE se transcribe. En palabras textuales del estudio, “más que obligar a nadie a ser socialmente responsable, lo importante es que quien opte por serlo lo sea seriamente, y no está fuera de lugar que esa seriedad, hasta cierto punto límite al menos, sea exigida mediante Derecho”. Se puede decir más alto, pero no más claro. Algo que no tiene por qué poner en cuestión la presuntamente inviolable (y permanentemente esgrimida como escudo protector) “voluntariedad” de la RSE. Las empresas pueden ser muy libres de publicar o no informes de RSE (afirmación que, como es público y notorio, empieza a ser discutida en muchos países): pero lo que no puede permitirse es que las empresas que publican informes mientan (o retuerzan crípticamente la verdad) en ellos. Y debería considerarse un delito (penalizado) hacerlo.

En segundo lugar, y en estrecha conexión con lo anterior, la necesidad de que los informes de RSE (que constituyen información oficial de las empresas y que afectan al mercado) sean siempre verificados por un agente externo independiente y que esa verificación sea lo suficientemente exigente (lo que, desde luego, todavía no es el caso) como para asegurar una absoluta credibilidad y un sólido nivel de transparencia (y facilidad de comprensión). Algo, de nuevo, que -por muy voluntaria que sea la RSE- debería abrir la puerta a la regulación estatal. Porque la sociedad y el mercado necesitan instrumentos para la confianza (y mucho más con lo que está cayendo).

Son cuestiones, quizás, de las que algo tendría que decir el incipiente Consejo Estatal de RSE. Pero cuestiones que no deberían hacer olvidar la conclusión básica del trabajo del profesor Arjona: la RSE sigue en España mayoritariamente lejos de las preocupaciones centrales de los consejos de administración y, en consecuencia, desvinculada de los sistemas de gobierno corporativo. Una lejanía y una desvinculación que matizan poderosamente la supuesta voluntad (que todas las empresas analizadas en el estudio declaran) de integrar decididamente la RSE en la estrategia general de la empresa y de desarrollarla con carácter global, impregnando todas las actividades y todas las áreas de la empresa. ¿Cómo hacerlo cuándo no constituye un ámbito claro del trabajo del Consejo? Más aún, ¿puede la dirección de la empresa hacerlo a espaldas del Consejo (o informándole sólo -para no agobiarle- de forma “moderada”)?

Son preguntas que es ya urgente plantear de forma decidida, porque en la respuesta que a ellas se dé radica en buena medida el futuro de la RSE. Pero preguntas, además, que nos deberían conducir a otras aún más incómodas, que tienen no poco que ver, así mismo, con lo que entendemos por RSE.

Las apuntaba un reciente (y espléndido) artículo de Ignacio Muro Benayas (“Convertir el trabajo en capital”, El País, 25/1/2009): “¿qué es hoy exactamente el capital?”, se preguntaba. Una pregunta que podría desplegarse en muchas otras en ella implícitas: ¿qué es hoy exactamente la empresa (sobre todo la gran empresa cotizada)? ; ¿quiénes son sus dueños reales?; ¿quiénes son los actores con legitimidad para tomar las decisiones fundamentales?; ¿quiénes, en definitiva, deben gobernarla?

Sin duda, los propietarios: ¿pero sólo ellos? ¿Sólo los numerosos accionistas de una gran empresa, cuando evidentemente no siempre hacen una apuesta permanente y decidida por ella ni están dispuestos siempre a jugarse por ella su fortuna? ¿O es que se puede sostener que lo hacen cuándo en muchos casos mantienen sus acciones con una extrema volatilidad, de forma tal que constituyen un colectivo cambiante cada día y cada hora? ¿Y qué decir de los poderosos fondos de inversión, que detentan participaciones elevadas con criterios de fugacidad extrema, siempre oteando dónde recolocar sus recursos para obtener un beneficio inmediato mayor?

Más aún: ¿son los accionistas los que toman realmente las decisiones? No es fácil refutar que en gran parte de los casos los altos directivos han conseguido un indisimulable margen de maniobra: tanto que en no pocas ocasiones son ellos (más que al revés) quienes gobiernan a los consejos, ayudándose de esa figura tan dependiente en muchos casos que son los consejeros independientes.

Más todavía: ¿no hay otros actores en la empresa que apuestan por ella al menos tanto como los accionistas?; ¿no hay también otros colectivos que, al verse tan vitalmente afectados por la actividad de la empresa, deberían, en alguna medida, participar en su gobierno?

Ésas son algunas de las preguntas que subyacen a la cuestión de la integración de la RSE en el gobierno corporativo: una cuestión que no puede limitarse al objetivo -todavía, como evidencia el profesor Arjona, tan lejano en nuestro país- de que el Consejo gobierne de forma efectiva también la estrategia y el sistema de RSE. Eso es algo conveniente y necesario. Pero la RSE exige más: exige que el Consejo gobierne efectivamente la vida de la empresa, pero exige también que en él -aunque con diferente peso y función- estén representados los colectivos que más han apostado por la empresa (que mayores inversiones específicas han realizado en ella, utilizando el lenguaje de la Teoría Económica), los que son co-responsables de los activos intangibles (conocimiento, capital relacional …) y los que más afectados se ven por su actividad (incluyendo a los que reciben sus externalidades y los que, consciente inconscientemente, asumen los riesgos de su actividad).

Asumir esas perspectivas en el sistema de gobierno corporativo y, por tanto, recomponer el Consejo de Administración en esa línea es una de las implicaciones evidentes del enfoque de la RSE, que presupone -no lo olvidemos- repensar la empresa para dotarla de la capacidad precisa para prestar una adecuada atención a todos los grupos de interés prioritarios en todas sus vertientes. Es decir, superar el mito decimonónico de que la empresa (al menos, la gran empresa cotizada) es sólo de sus accionistas.

Una superación que, como viene explicando entre nosotros desde hace tiempo el profesor José Miguel Rodríguez (ver, por ejemplo, “Valor accionarial y orientación stakeholder”, Papeles de Economía Española, 108, 2006) puede tener sólidos fundamentos económicos y que requiere que cada grupo de interés significativo “... cuente con información , incentivos, poder y capacidad para actuar”, de forma que la empresa se oriente no ya a maximizar únicamente el beneficio de sus accionistas, sino a generar de forma sostenida en el tiempo el mayor valor posible para cada uno de sus grupos de interés. Una orientación que -como defiende el enfoque de la RSE- no tiene por qué perjudicar a la capacidad de generación de valor de la empresa a medio y largo plazo, sino todo lo contrario.

No está demás, por otra parte, recordar que se trata de una cuestión de particular relevancia en momentos de severa crisis como los que vivimos. Momentos en los que las dificultades indudables por las que atraviesan muchas empresas inducen reacciones casi instintivas: reducir plantillas y masa salarial. Ciertamente, en muchas ocasiones serán imprescindibles medidas de este tipo. Pero muy probablemente se adoptarían de muy otra forma si no sólo accionistas e independientes a sueldo constituyeran los consejos de administración: es decir, si participaran -en alguna medida- en el gobierno de las empresas todos los colectivos con legitimidad para hacerlo.

Sólo con estructuras de gobierno más compartidas será la empresa capaz de asumir estrategias más solidarias y cooperativas: sólo así las decisiones en momentos críticos no recaerían siempre en las espaldas de los mismos.

En mi humilde opinión, se trata de una cuestión central para el progreso de la RSE: una cuestión sobre la que debería girar su próxima gran batalla.